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ENTREVISTAS

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    Marisol Toriz |

    marisoltb0411@gmail.com Directora editorial y Web de Diálogo Ejecutivo, periodista especializada en la IF con 14 años de experiencia en el desarrollo, dirección y coordinación de proyectos editoriales cubriendo las fuentes de salud, negocios, tecnología y asuntos regulatorios, principalmente; además de ser responsable de la gestión de sitios Web y envíos de emailing. Su alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tomado diversos seminarios y cursos de periodismo especializado, herramientas digitales, liderazgo, comunicación, ventas, relaciones humanas, UX writing y marketing digital en la Universidad Panamericana, La Salle, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Google y Dale Carnegie Training, entre otras.

    Max Diener, Guillermo Lecona y Jorge González, socios fundadores de DLG Abogados, Soluciones Legales Público- Privadas.

    Expertos en negocios público-privados

    01 March 2019

    Los ex hacendarios tienen un enfoque hacia sus clientes con la convicción de que México mejore, que sea un mercado farmacéutico más eficiente y que haya un mejor sistema de salud

     

    Como es bien sabido, las asociaciones público-privadas (APP) surgieron en nuestro país desde hace varios años con el objetivo de prestar servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura construida y operada por el sector privado; sin embargo, en muchas ocasiones, este esquema de inversión a largo plazo implica grandes retos y no siempre son bien sorteados por estos jugadores dadas sus diferencias de enfoques, motivaciones, procedimientos y prácticas. Este es un ejemplo de los asuntos en los que DLG Abogados, puede ayudarles a interactuar, colaborar y materializar sus objetivos.

     

    Se trata de un despacho especializado en la interacción de los sectores privado y público, el cual fundaron a inicios de este año tres ex integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes cuentan con más de 25 años de experiencia en facilitar la relación entre dichos sectores y trabajar en importantes tópicos como la legislación y los marcos regulatorios que rigen a las áreas económicas estratégicas para el país como la farmacéutica, entre otras, comparte con Diálogo Ejecutivo Max Diener, socio fundador del despacho y ex procurador fiscal de la Federación.

     

    Especialistas en soluciones

    En un entorno de alta especialidad de la regulación y gran complejidad en la relación entre dichos sectores, es necesario contar con el acompañamiento de especialistas que, a partir del conocimiento, experiencia y ética, faciliten el logro de los objetivos buscados por cada sector.

     

    “La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) además de atender los asuntos propiamente fiscales, como amparos e investigaciones criminales en esa materia, también tenía un área consultiva y regulatoria, para cualquier sector industrial al que impacte la regulación gubernamental, entre ellos el farmacéutico, así que gracias al amplio expertise que reunimos, hoy contamos con toda la disposición para apoyar y asesorar a los industriales que no logran concretar sus proyectos con el gobierno por cualquier motivo, obstáculo o falta de entendimiento de la regulación”, añade Jorge González, también socio fundador de DLG y ex director general de Legislación y Consulta de la SHCP.

     

    El ex subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta, y socio fundador del despacho, Guillermo Lecona, añade: “Además, tenemos la ventaja competitiva de haber formado parte de un área jurídica neurálgica del gobierno donde vimos muchos temas de distintos sectores, es decir, no sólo atendíamos cuestiones hacendarias sino del sector salud, de educación, infraestructura, comunicaciones, etcétera, y nos tocó ver asuntos en los que muy poca gente tenía participación en su atención. Somos especialistas en resolver problemas complejos en la interacción público-privada”.

     

    Ahora, los tres abogados suman sus trayectorias y conocimientos para dar las mejores soluciones, efectivas y contundentes a sus clientes que pueden ser tanto del ámbito público como del privado, como lo detalla Diener.

     

    “Sabemos construir proyectos desde el inicio, resolver los problemas cuando se presentan, vislumbrar riesgos, mitigarlos y hacer las adaptaciones conforme surjan nuevas tendencias”: Max Diener 

     

    Cambio de chip

    Sin duda, uno de los primeros retos a los cuales se enfrentaron estos ex funcionarios públicos fue cambiarse el chip de que ahora no laboran más en el gobierno, pero dicha transición relata González no les costó trabajo porque siempre tuvieron contacto con el sector privado. “A pesar de haber estado en el ambiente público, poca gente sabe que a la PFF llegan muchos proyectos como la construcción de un nuevo hospital o un contrato de medicamentos, porque otras dependencias buscan asesoría respecto a si la normatividad permitía dichas asociaciones o porque no sabían cómo interpretar el marco regulatorio, así que llegaban a nuestro escritorio. Por ello es que nuestra experiencia se formó al tener presentes los objetivos de ambas partes, por ejemplo, una parte del sector gubernamental de obtener medicamentos y, por la otra, de la IF de ofrecer esosproductos”.

     

    Durante la prestación de nuestros servicios en la SHCP, añade Diener, “participamos en muchos grupos de trabajo en conjunto con la iniciativa privada para crear los marcos normativos y regulatorios, las leyes y regulaciones, lo cual también nos da una ventaja competitiva muy importante porque conocemos todos esos ordenamientos desde su creación, sabemos los recovecos y la especialización en estos asuntos; por ejemplo, nos tocó participar directamente en la creación del marco regulatorio de las APP, así como resolver múltiples asuntos en materia de adquisiciones, licitaciones, litigios, ciertos temas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás instituciones del sector salud”.

     

    “En la PFF tuvimos una cartera global de más de 100 mil amparos, muchos de ellos en materia fiscal y la mayoría por cuestiones administrativas o situaciones como los IEPS especiales para comida chatarra, refrescos, el IVA para comida de mascotas, el tope de las deducciones de ciertos impuestos, gastos médicos, responsabilidad patrimonial del Estado en cuestiones médicas y otras que litigamos en su momento de competencia, compras, adquisiciones, recesiones de contratos, etcétera. De enero a diciembre de 2018, logramos éxito en 95% de los amparos”, detalla Diener.

     

    Sobre DLG Abogados, Soluciones Legales Público-Privadas

    Despacho especializado en la interacción de los sectores privado y público fundado por abogados con más de 25 años de experiencia en el marco jurídico, funcionamiento del mercado, procedimientos gubernamentales, usos y prácticas de las instituciones y empresas, así como de los factores políticos y sociales que inciden en la mejora de la regulación, el diseño y la ejecución de APP, prevención y resolución de conflictos entre dichos jugadores para el logro de los objetivos de cada uno.

    • Año de fundación: 2019.
    • Servicios: Solución de conflictos, inversión y contratación pública, nuevas oportunidades de inversión, regulación, empresas y bienes públicos, anticorrupción y transparencia.
    • Servicios específicos para el sector público: Finanzas públicas, instituciones y políticas públicas, gobiernos locales.
    • Áreas que conforman la firma: Consultivo, infraestructura, regulatorio, energético, finanzas públicas, financiero (bancos), fiscal, litigio, transparencia y datos personales.
    • Sectores en los que pueden brindar apoyo: a todo aquel interesado en la interacción público-privada como son el farmacéutico, energético, financiero, infraestructura, comunicaciones y transportes, entre otros.


    Fuente: DLG Abogados, Soluciones Legales Público-Privadas 2019.

     

    Los diferenciadores

    En materia del Sector Salud, Lecona, Diener y González formaron parte del equipo encargado de elaborar y negociar el Seguro Popular y su reforma que hoy está en revisión por la actual administración; así como en la Ley del Servicio de Tesorería y las reformas referentes al uso de los recursos públicos en dicha área, es decir, en los convenios que firma el gobierno federal con las instituciones de salud y la mayoría de los estados para la compra consolidada de medicamentos y recursos que se transfieren a los estados para el rubro de salud, por mencionar algunos.

     

    Lecona puntualiza: “El momento actual es muy relevante porque están en revisión estos esquemas como la consolidación de las compras y el propio Seguro Popular que a lo mejor se sustituirá por otro mecanismo, al igual que las APP ahora pueden derivar en un nuevo modelo; el expertise que tenemos en el origen e implementación de todos estos mecanismos nos otorga un valor agregado muy relevante porque vislumbramos hacia dónde podrían derivar estas revisiones al marco regulatorio”.

     

    Un área donde a veces los objetivos públicos y privados convergen, pero no logran materializarse, como relata González, es la inversión en ciencia y tecnología. “La IF quiere invertir en el desarrollo de proyectos en ciencia y tecnología, pero el marco presupuestario público de los institutos nacionales de salud, hospitales generales, etcétera, no se los permite o es muy rígido para recibir recursos privados. En este sentido, Lecona coordinó la modificación del decreto de creación del Hospital General de México para crear esquemas donde pueda incentivarse a los investigadores mexicanos para atraer capital privado, desarrollar proyectos y obtener estímulos dentro del marco de la ley, para desarrollo tecnológico y científico en el país”.

     

    “Como servidores públicos no sólo veíamos el ángulo jurídico de las situaciones, también las cuestiones económicas, políticas y sociales, nuestra visión siempre ha sido global y ahora la ofrecemos a nuestros clientes”: Guillermo Lecona

     

    Sistema Universal de Salud, ¿es viable?

    Respecto a la unificación del sistema de salud mexicano, Diener compartió que es un esfuerzo que conlleva “la alineación de incentivos, ahorro de costos y eficiencia en la prestación de servicios para atender a toda la población. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial han señalado que la fragmentación de nuestro sistema de salud duplica infraestructura y personal que deriva en mayores costos, deficiencia y que no haya un frente coordinado para afrontar las problemáticas de salud que aquejan a la población. Se necesita mucha voluntad política, claridad, un análisis a profundidad y llegar a acuerdos que resulten en un sistema universal y bien estructurado, lo cual conllevará realizar muchas reformas porque el financiamiento del sector salud va de la mano del sistema fiscal”.

     

    Lecona vislumbra éste como el mayor reto para conseguir la universalidad en salud porque los hospitales estatales tienen regímenes diversos de cómo obtienen sus recursos, mientras que el IMSS e ISSSTE reciben aportaciones patronales, de los trabajadores y gubernamentales, y el Seguro Popular tiene un esquema especial. “El gran reto es fusionar los esquemas de aportaciones gubernamentales, de los trabajadores y patrones, encontrar el mecanismo óptimo para reorganizar y centralizar el sistema financiero del sector salud y conseguir estándares en los diferentes esquemas que existen para la atención de la salud”.

     

    Por su parte, González refirió que un sistema universal de salud en países donde se originó como tal, es decir, que nació universal, hace que el sistema privado de salud sea menos desarrollado, en México por las deficiencias que existen en el sistema público tenemos un sistema privado de salud muy desarrollado con muchas gamas de servicio para satisfacer las necesidades que no cubre el sistema público. Así que además de voluntad política de ambos sectores se requerirá gente capaz de encausar los objetivos de ambos actores.

     

    Max Diener

    Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cursó estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una maestría en la Diplomatische Akademie Vienna.


    Tiene más de 25 años de experiencia en el sector hacendario donde ejerció sus conocimientos en materia de derecho constitucional, administrativo, fiscal, amparo, presupuestario, financiero e internacional. Encabezó los equipos jurídicos en la política hacendaria y financiera, política interior y exterior del Estado mexicano.


    Fue director general de la SHCP, subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta, subsecretario jurídico y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consultor jurídico de la Cancillería y procurador fiscal de la Federación.

     

    ¿Centralizar o descentralizar el presupuesto?

    La centralización del presupuesto o su descentralización ha sido un dilema histórico, recuerdan Diener y Lecona, quien también apunta: “La teoría dice que entre más cercana está la autoridad a la necesidad ciudadana conviene que el gasto sea descentralizado, si el ciudadano a nivel municipal requiere ciertos servicios que provee esa autoridad lo más deseable es que sea descentralizado. Por otro lado, en el caso de los gastos sobre los bienes y servicios que el gobierno quiere que se rijan bajo estándares uniformes en toda la población, lo mejor es que sean centralizados. En salud, habría que hacer un análisis para determinar qué es lo más óptimo o eficiente centralizar”.

     

    Diener hace énfasis en que en un país como México sería ideal tener un sistema descentralizado a mediano o largo plazos por las razones antes mencionadas; no obstante, las necesidades actuales y la coyuntura han llevado a que se requiera retomar el control de costos para evitar la corrupción, mediante la centralización del presupuesto, racionalización de los servicios y un reordenamiento de los mismos.

     

    Ejemplo de lo anterior, subraya Lecona, es la centralización de las compras de medicamentos, una estrategia que ha generado ahorros al gobierno, pero no significa que todo deba centralizarse.

     

    Guillermo Lecona

    Licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla; cursó estudios de posgrado en el International Monetary Fund Institute, en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España y en el ITAM; tiene una maestría en Derecho por la Georgetown University y en la actualidad cursa su doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


    Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, la negociación e implementación de reformas y políticas públicas, así como en encontrar soluciones legales en la interacción público-privada y en las actividades cotidianas del sector público.


    Entre los cargos de alto nivel que ocupó se encuentran director general adjunto en la Subsecretaría de Egresos, director general en la SHCP y subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta.

     

    Los principales obstáculos

    Diener rememora que la esencia de este tipo de asociaciones es la confianza entre el sector público y privado, mientras que el marco jurídico sirve para dar certidumbre a esta alianza, así que dada la experiencia que tienen los socios, revelaron que los principales obstáculos a los que se enfrentan la iniciativa privada y el sector público al iniciar una relación contractual que tenga por objeto prestar un servicio público o concretar un  proyecto de infraestructura, son tener claridad desde el inicio y que sea plasmada en los contratos.

     

    “La Ley de APP es relativamente reciente y novedosa porque sale del esquema de contratación pública general, permite muchas flexibilidades, pero se debe tener mucho cuidado en las condiciones que se pactan, como la distribución de riesgos y demás obligaciones de las partes, las cuales deben reflejarse de forma adecuada en los contratos y ser acordes con el marco de derecho público para ahorrarse dolores de cabeza en el futuro”, refiere Lecona.

     

    González ahonda: “Muchas personas saben hacer una buena revisión de la ley, pero nosotros al haber formado parte del gobierno sabemos exactamente qué puertas tocar para concretar las relaciones contractuales público-privadas y en qué momento, puesto que no existe una oficina específica o única donde se concentre la totalidad de la interacción, obtener los permisos, registros, inversiones, autorizaciones, etcétera. Todos estos elementos o pasos, además, se tienen que informar y comunicar de forma simultánea entre distintas autoridades para que estén al tanto de la existencia de los proyectos y su evolución; y así no se informe de ellos cuando las inversiones estén comprometidas o se hayan dado pasos equivocados que obstruyan el éxito de la operación”.

     

    Además de lo anterior, recomiendan una visión preventiva sobre los riesgos, cambios normativos y las modificaciones de las políticas públicas que puedan impactar el desarrollo de los negocios con componentes de interacción con gobierno.

     

    Planes futuros

    Para lo que resta de este año, González revela que su meta es que al finalizar 2019 haya al menos cinco proyectos de inversión público-privada de sus clientes en marcha.

     

    Uno de sus indicadores para conseguir lo anterior es lograr mediante el acercamiento de sus clientes (que puede ser el gobierno o la industria privada), un mayor desarrollo de ciencia y tecnología en el país, pues ello significaría una mayor participación de la inversión privada a proyectos de investigación en los institutos nacionales de salud, hospitales generales y centros públicos de investigación. “Nos interesa no sólo generarles dinero o ahorros a nuestros clientes, sino también valor a la sociedad. En DLG nuestro propósito en el mediano plazo es contribuir en las mismas proporciones que lo hacíamos como servidores públicos, pero ahora desde el sector privado”, declara Diener.

     

    Lecona recomienda a la IF estar alerta y pendiente de los cambios en las políticas públicas y la regulación para estar preparada, adaptarse y encontrar más oportunidades de negocio que siempre surgen en los periodos de cambio; momentos en los que es vital estar bien asesorados por profesionales. 

     

    Jorge González

    Licenciado en Derecho por el ITAM, maestro en Regulación y Derecho Administrativo por la misma institución y maestro en Políticas Comparadas por la London School of Economics. 

     

    Participó en las reformas energética, anticorrupción, fiscalización y rendición de cuentas, y acciones colectivas, en proyectos relevantes con Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, ISSSTE, entidades paraestatales, de ciencia y tecnología, financiamiento y transparencia, así como en negociaciones internacionales.

     

    Fue director jurídico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, coordinador de Asesores del procurador fiscal de la Federación y director general de Legislación y Consulta de la SHCP.

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