OPINIONES

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  Marisol Toriz |

  01 November 2020

  marisoltb0411@gmail.com Directora editorial y Web de Diálogo Ejecutivo, periodista especializada en la IF con 14 años de experiencia en el desarrollo, dirección y coordinación de proyectos editoriales cubriendo las fuentes de salud, negocios, tecnología y asuntos regulatorios, principalmente; además de ser responsable de la gestión de sitios Web y envíos de emailing. Su alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tomado diversos seminarios y cursos de periodismo especializado, herramientas digitales, liderazgo, comunicación, ventas, relaciones humanas, UX writing y marketing digital en la Universidad Panamericana, La Salle, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Google y Dale Carnegie Training, entre otras.

  

  Urge eficiencia, eficacia y transparencia

  
  01 November 2020
  

   El panorama nacional frente a la pandemia por COVID-19 aún es incierto, pero ha puesto en evidencia el impacto que tiene el sector salud y que éste no sólo se limita a la atención de los pacientes que, si bien deben estar siempre en el centro, requiere de diversas estrategias que deben alinearse, ser claras, contar con recursos asignados y estar respaldados por un ente regulatorio fuerte.

   

  Empero, lejos de haber un frente unido y transparente entre los diferentes actores, el recién presentado Plan Sectorial de Salud 2020-2024 aumentó la incertidumbre en medio de la emergencia sanitaria, aunado a diversos

  anuncios de parte del titular del Ejecutivo que van desde una nueva distribuidora de medicamentos hasta compras consolidadas de medicamentos y dispositivos médicos en el extranjero bajo un acuerdo firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

   

  Hoy son más tangibles los beneficios de la IF al país y el porqué es uno de los eslabones que permite tener un sistema de salud más sólido, pero dicho convenio ha suscitado que, de acuerdo con declaraciones de la Canifarma, estén en juego más de 100 mil empleos además de un impacto anual en el PIB nacional equivalente a 600 millones de pesos. Asimismo, ha derivado en diversas modificaciones administrativas, legales y regulatorias que ponen en duda, sobre todo, si la autonomía técnica, administrativa y operativa de la Cofepris se mantendrá como lo establece la Ley General de Salud.

   

  Hoy urge que nos impliquemos más y estemos atentos a las definiciones y reglas con las que operará ahora el mercado farmacéutico en el país y se garantice la protección de la población contra riesgos sanitarios.

   

  ¿Qué requerimos? La respuesta no es sencilla, se necesita combatir la corrupción y ahorros, pero también eficiencia, eficacia y transparencia en los procesos, que se garantice la seguridad y calidad de las adquisiciones de los insumos para la salud de los mexicanos. Sin duda, los esfuerzos conjuntos siempre darán mejores resultados, es imprescindible que gobierno, academia e industria estrechen lazos para salir avantes de la actual crisis sanitaria en la que todos somos coparticipes.