Marisol Toriz |
marisoltb0411@gmail.com Directora editorial y Web de Diálogo Ejecutivo, periodista especializada en la IF con 14 años de experiencia en el desarrollo, dirección y coordinación de proyectos editoriales cubriendo las fuentes de salud, negocios, tecnología y asuntos regulatorios, principalmente; además de ser responsable de la gestión de sitios Web y envíos de emailing. Su alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tomado diversos seminarios y cursos de periodismo especializado, herramientas digitales, liderazgo, comunicación, ventas, relaciones humanas, UX writing y marketing digital en la Universidad Panamericana, La Salle, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Google y Dale Carnegie Training, entre otras.
Hoy se vive en el país una de las mayores crisis humanitarias y sanitarias de la historia que, en caso de no atenderse, llevará a que muchos pacientes sufran recaídas por un mal suministro de sus terapias o la falta de ellas y, a largo plazo, disminuirá la tasa de supervivencia
Durante los últimos meses se ha agudizado el desabasto de medicamentos en el sector público de México, situación que ha impactado la salud de muchas personas que han visto interrumpidos sus tratamientos, lo cual contribuye a ampliar la brecha de desigualdad entre la población.
En primer lugar, recordemos que la protección de la salud era una garantía de igualdad, pero con la reforma del 11 de junio de 2011 se convirtió en un derecho humano, el cual está debidamente reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que todos los mexicanos debamos pugnar por él. Con base en ello, es que 47 organizaciones de pacientes, familiares, personas de la sociedad civil, personal de salud y académicos han levantado la voz para exigir la protección de este derecho mediante el acceso efectivo a la atención médica y sus tratamientos.
El colectivo Cero Desabasto ha reconocido que, si bien la falta de acceso a la salud y la ausencia de medicamentos en el sector público no son recientes, sí se han agudizado con la actual administración y, más aún, con la pandemia que atraviesa el país por COVID-19. Por ejemplo:
En cuanto a la falta de acceso de medicamentos en 2020:
También subrayaron que esta situación no es ajena a las demás instituciones de salud públicas, puesto que datos de la Secretaría de Salud muestran que, en 2020, una de cada cuatro recetas no fue surtida de forma efectiva en las unidades de primer nivel de atención en el país.
En lo que respecta al programa federal Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, operado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con recursos de lo que antes era el Seguro Popular y Prospera, Matilde Pérez, investigadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reveló que: “Si bien 29% de los recursos de este programa en 2019 se destinó a compra de medicamentos, no existe información pública disponible para identificar la localidad y unidad médica a la que se enviaron ni el tipo de medicamentos adquiridos”.
Las enfermedades más afectadas a causa del desabasto de medicamentos en 2020 fueron: cáncer, diabetes e hipertensión
Mayra Galindo, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, señala que los pacientes oncológicos viven en la incertidumbre debido a la desaparición del Seguro Popular y la poca información sobre el funcionamiento del INSABI, sumado a que la pandemia multiplicó los retos para acudir a citas, estudios y recepción de medicamentos durante el confinamiento por el riesgo a contagiarse en las clínicas y el transporte público; la reconversión de hospitales sólo para COVID-19 ha impedido el seguimiento de su tratamiento; la saturación de los servicios, la disminución y el cansancio del personal médico han demorado o hecho que se pierdan consultas; la reducción de ingresos y el desabasto de medicamentos provocan que los pacientes no reciban sus medicamentos, los reciban en dosis menores o vean modificados sus protocolos.
Dicha situación ha afectado la salud de muchos pacientes que han interrumpido su tratamiento y llevó a que se levantaran más de 23 mil quejas en los últimos dos años a los subsistemas de salud, Comisiones de Derechos Humanos y Comisiones de Arbitraje Médico, de las cuales se han solucionado muy pocas e incluso, algunas post-mortem.
Es así que, hoy, se vive en el país una de las mayores crisis humanitarias y sanitarias de la historia que, en caso de no atenderse, llevará a que muchos pacientes sufran recaídas por un mal suministro de sus terapias o la falta de ellas y, a largo plazo, disminuirá la tasa de supervivencia.
Dada la relevancia del tema, Impunidad Cero y Justicia Justa publicaron la investigación Operación desabasto, con el objetivo de explicar las decisiones que llevaron a la escasez generalizada de medicamentos en México. Como puntos principales destacan:
Cabe destacar que para garantizar el derecho a la salud no es suficiente aumentar el presupuesto en salud, también se necesita implementar estrategias que permitan una mayor eficiencia del gasto, ya que entre 20 y 40% del gasto para salud se pierde por ineficiencias. Por ello, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria hiciera una investigación sobre las estrategias de adquisición de medicamentos, de la cual resalta lo siguiente:
Debido a lo anterior, es que el 31 de julio de 2020, se anunció que la UNOPS se encargaría de la adquisición de medicamentos para el periodo 2021-2024, con un presupuesto de 100 mil mdp en 2021; el presupuesto aprobado para medicamentos es 8,441 mdp menor al anunciado. Se planteó la adquisición de hasta dos mil claves, es decir, 808 claves más que la compra consolidada del IMSS para 2019.
De tal forma, con la actual administración, 13 de cada 100 pesos del presupuesto del sector salud estarán a cargo de la UNOPS para la compra de medicamentos y el INSABI se encargará de consignar la demanda agregada de medicamentos.
En este marco, Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, recordó en el 7º Congreso Nacional de Profesionales en Regulación Sanitaria que, el Art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dictan que las adquisiciones, los arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas. En caso contrario, deberán estar fundadas y motivadas por los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.
Asimismo, señaló que: “Los procedimientos de excepción a la licitación pública se han utilizado para incrementar la discrecionalidad en la asignación de contratos públicos. Ello porque, de acuerdo con los datos de CompraNet, en este sexenio, 78 de los contratos se han realizado por adjudicación directa y sólo 15 por medio de una licitación pública”.
De forma posterior, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, celebró un acuerdo específico para la compra eficiente y transparente de medicamentos con la UNOPS y autorizó la compra de medicamentos, materiales, equipo y servicios médicos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, sin llevar a cabo una licitación pública.
Desde otro punto de vista, conviene analizar si esta nueva forma de adquirir los medicamentos e insumos en el extranjero resultaría en ahorros. De acuerdo con los procedimientos operativos de los fondos rotatorio y estratégico, los estados deberán pagar una cuota de capitalización del 4.25% del costo neto de los productos adquiridos dirigido a gastos de administración (1.25%) y 3% para la cuenta de capitalización destinada a financiar las líneas de crédito.
Los pagos se deben realizar en dólares americanos adicionalmente, dado que el fondo no cuenta con suficiencia para financiar la demanda de México, por lo que los pagos deberán hacerse por anticipado y especificando la cantidad a adquirir.
Deberán considerarse además los costos totales de las transacciones, pues se podrían elevar dada la compleja gestión de inventarios y transporte, o bien, cubrir el pago de aranceles.
Es así que luego de un profundo análisis a los procesos y experiencias de la UNOPS en estas adquisiciones con países como Guatemala, José Carlos Ferreyra, presidente del Instituto Farmacéutico, recomienda exigir que en México se realice una licitación imparcial, ya que la experiencia de la UNOPS en la adquisición internacional de medicamentos y dispositivos médicos dista del reto que significa México, tanto por un mayor importe como por la complejidad logística debido al tamaño del país.
Además, la UNOPS muestra opacidad en información porque el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos no es funcional y, a pesar de ser su principal referencia, carece de información del mercado mexicano, su data es parcial o inexistente.
En este sentido, destaca la participación de Ana Lucia Arango, gerente general de la Agencia de Asuntos Regulatorios de Guatemala, y Norma Leticia Duarte, jefa de Asuntos Regulatorios y Comercio Exterior de Agencia J.I. Cohen de Guatemala, quienes en el 5º. Encuentro Internacional de Regulación Sanitaria, compartieron la experiencia que han tenido en este proceso de adquisiciones de la UNOPS en asociación con una Agencia Sueca para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Superintendencia de Administración Tributaria:
VENTAJAS:
DESVENTAJAS:
8 de cada 10 vales del programa Tu receta es Tu Vale no fueron canjeados por pacientes en 2020, con un total de 2.3 millones de vales no surtidos efectivamente en el año
“Con este tipo de situaciones se dio seguimiento con los responsables de la UNOPS, quienes manifestaron que, si es posible no ejecutar los contratos porque podrían conseguir en el camino precios más bajos, se pierde el sentido del contrato y la transparencia, por lo que la aplicación de la ley es a conveniencia de la UNOPS, hay penalidades para los proveedores, pero para la UNOPS no hay penalidad alguna”, confesó.
Finalmente, Duarte dijo: “La primera licitación fue positiva ya que la solicitud era por un año, en la segunda licitación la orden fue por tres años con entregas parciales, lo cual distorsionó el sistema, puesto que a pesar de ganar licitaciones no hubo órdenes de compra. Además, mientras el IGSS paga entre 30 y 60 días, con la UNOPS el tiempo se duplica ya que ésta tarda de 30 a 60 días sólo para la fiscalización que deben realizar previa al desembolso. Un aspecto importante es que generalmente se gana la licitación cuando no existe el genérico del producto, los precios que se presentan son muy bajos y no se sabe cómo obtienen estos precios de referencia, la licitación se cierra en un lapso de 15 a 20 minutos, que es muy poco tiempo para hacer un buen negocio de ganar-ganar”.
En resumen, la adquisición de medicamentos es sólo uno de los elementos del proceso de acceso efectivo a medicamentos y la experiencia internacional muestra que no basta con seleccionar una herramienta única para conseguir precios más asequibles por lo que el acceso a medicamentos requiere políticas integrales que involucren planeación, financiamiento, adquisición, almacenamiento, distribución y utilización final, así como el uso de medicamentos genéricos.
Mientras tanto, muchos pacientes se ven afectados por el desabasto de medicamentos, pero confiamos en que se logre un diálogo permanente y transparente entre todos los actores involucrados para que se resuelva de manera efectiva la situación y se garantice la protección de la salud de los mexicanos.
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